El tributo solo se aplicará a las multinacionales tecnológicas que facturen más de 3 millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo, por lo que no afectará a las pymes.
Esta nueva medida es el resultado de un acuerdo entre El Gobierno y Unidas Podemos que ya se anticipó el 1 octubre de 2018, esta medida estaba incluida en el programa electoral de la formación morada y se englobada en el apartado de «Garantías de Justicia Fiscal». Finalmente se aprobó el 18 de enero de 2019.
El Gobierno de España calcula que ingresará entre 850 millones y 1150 millones de euros por esta nueva figura tributaria, la racaudación se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.
En este sentido, esta nueva legislación, tambien en curso en la UE, es el resultado del análisis de la economía mundial que ha adquirido rápidamente un fuerte carácter digital y, como consecuencia de ello, han surgido nuevas maneras de hacer negocios que afectan fuertemente a las economías locales. Estos modelos de negocio digitales ofrecen muchas deficiencias, en especial, la competencia desleal para autónomos y pequeñas empresas de actividad nacional frente a las grandes multinacionales ya que sus sedes residen en otros países con mayores ventajas fiscales a la vez que actúan comercialmente en España obteniendo fuertes beneficios lo que hace a las multinacionales muy competitivas con graves perjuicios para las pymes y los autónomos.
Este tipo de circunstancias se producen tanto en la prestación de servicios tangibles (venta on-line de productos físicos) como intangibles (venta on-line y transacciones de servicios financieros), en cualquier caso los modelos de negocio digitales se basan en gran medida en la capacidad para llevar a cabo actividades a distancia, incluso transfronterizas, con escasa o nula presencia física en un país. Sin embargo, las actuales normas fiscales internacionales se basan sobre todo en la presencia física y no fueron concebidas para hacer frente a otros modelos de negocio al margen de los tradicionales. Así, no tienen en cuenta los modelos de negocio en los que las empresas pueden prestar servicios digitales en un país sin estar físicamente presentes en el. Todo ello provoca una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde las empresas tributan, por lo que el impacto negativo sobre el comercio local es terrible. Lo anterior pone de manifiesto que las actuales normas relativas al impuesto sobre sociedades no resultan ya apropiadas para gravar los beneficios generados por la digitalización de la economía.
El PROYECTO DE LEY 121/000039 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales trata de abordar este problema, que cómo inicialmente hemos indicado los principales perjudicados son las pymes y autónomos de un país con actividad local, luego esta ley es un buen inicio para evitar la colonización económica de un páis sin asumir la totalidad de los compromisos correspondientes.
Sin duda los afectados por esta propuesta de ley serán cadenas multinacionales como Amazon o Facebook y la banca digital.
Empresas como Amazon a través de la patronal mundial de las tecnológicas, CCIA formada entre otros por gigantes tecnológicos como Google, eBay o Facebook, ha enviado una carta al Gobierno de Pedro Sánchez advirtiendo de lo que supondrá la aprobación de la Tasa de Servicios Digitales (DST), supondrá subidas de precio para el cliente, han dicho. Este aviso de la CCIA resulta llamativo ya que precisamente de lo que se trata es de eliminar esa competencia desleal de estas grandes multinacionales, si estas grandes empresas se ven obligadas a subir el precio de sus servicios significa que se le dará más cancha a las pymes y autónomos locales.
A algunas de estas multinacionales se les acusa de tener su base en Irlanda y Luxemburgo para evitar el pago de tributos en otros países. Se estima que el 40 % de sus beneficios son trasladados artificialmente a estos territorios.
El tributo solo se aplicará a las multinacionales tecnológicas que facturen más de 3 millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo, por lo que no afectará a las pymes. El nuevo impuesto gravará con un 3 % los servicios de publicidad en línea, intermediación y venta de datos a partir de información proporcionada por el usuario a las empresas con unos ingresos anuales de al menos 750 millones en el mundo y 3 millones en España, es decir empresas como Google, Ebay, Amazon, y quizás ManoMano entre otras, se vean incluidas en este nuevo impuesto.
El primer umbral permite limitar la aplicación del impuesto a las empresas de gran envergadura. Solo se sujetarán al impuesto aquellas prestaciones de servicios digitales que se puedan considerar vinculadas de algún modo con el territorio de aplicación del impuesto, lo que se entenderá que sucede cuando haya usuarios de dichos servicios situados en ese territorio, que es lo que constituye precisamente el nexo que justifica la existencia del gravamen.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras (Tasa Tobin), éste gravará con un 0,2 % las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Una vez más, aunque tarde, la justicia llega para pymes y autónomos, es un pequeño paso que esperemos sea positivo para el mercado tradicional, este impuesto, que va en línea con el debate sobre tributación digital en la Unión europea, tiene el objetivo, de que «las empresas tributen allí donde están generando beneficios».