El Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre un decreto de vivienda con medidas sobre desahucios, alquileres y acceso a la vivienda. Sin embargo, el contenido definitivo del texto y los apoyos para su posterior convalidación parlamentaria siguen sin cerrarse, según ha reconocido el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
La iniciativa ha cobrado prioridad tras la repercusión del desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que había residido durante 70 años en su vivienda, y en medio de la movilización impulsada por el Sindicato de Inquilinas. El Ejecutivo quiere responder a la presión social, pero debe conciliar posiciones muy distintas entre sus aliados parlamentarios, en particular Junts, Sumar y Podemos.
El Ministerio que dirige Isabel Rodríguez comunicó el lunes que continúa negociando para reforzar la protección frente a los desahucios, limitar la compra especulativa de viviendas por fondos de inversión y estabilizar los contratos de alquiler. La cartera subrayó que la concreción de los puntos permanece abierta y que busca un acuerdo que mejore el acceso a la vivienda.
Desahucios, alquileres de temporada y medidas fiscales
Entre los asuntos que el Gobierno mantiene sobre la mesa figura una mayor protección de los hogares vulnerables ante los desahucios. En las conversaciones con Junts se estudia, según las informaciones conocidas, impedir los desalojos de inquilinos vulnerables que vivan en inmuebles propiedad de empresas o fondos de inversión, así como restringir la adquisición de viviendas por parte de estos actores.
También se negocia una fórmula para los casos en que el propietario sea un particular. La opción planteada pasaría por suspender el desalojo hasta que la familia vulnerable disponga de una alternativa habitacional, mientras la Administración competente asumiría los costes que se generen durante ese periodo. La inclusión final y el alcance de esta medida no están confirmados.
El paquete podría incorporar además la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones para someterlos a reglas más próximas a las de los arrendamientos habituales. El Ministerio ha señalado igualmente la estabilización de los contratos como uno de los ejes de trabajo. Entre las posibilidades que se han manejado figura que los inquilinos puedan pedir una prórroga de dos años manteniendo el precio, aunque tampoco se ha confirmado que esta previsión vaya a quedar recogida en la norma.
En materia fiscal, Vivienda ha citado bonificaciones para inquilinos y para propietarios que rebajen las rentas, ayudas a la adquisición de la primera vivienda, medidas de protección del parque estatal de vivienda y una reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida. También ha situado entre los puntos en discusión la aplicación del IVA a los pisos turísticos.
Una negociación entre exigencias divergentes
La dificultad no se limita a acordar el contenido dentro del Gobierno. Sumar ha advertido este lunes de que el acuerdo sobre el texto sigue «muy lejos» y reclama una protección completa frente a los desahucios, una regulación efectiva de los alquileres de temporada y habitaciones, medidas contra el fraude en los pisos turísticos y garantías sobre la prórroga y renovación de los contratos.
El antecedente inmediato es el borrador remitido por Vivienda a los grupos en julio. Junts y Podemos lo recibieron entonces con rechazo, aunque por razones diferentes. Podemos cuestionó que incluyera una reforma de la ley del suelo para flexibilizar la regulación de la construcción de vivienda. Junts reclamó más incentivos fiscales, entre ellos deducciones vinculadas a la compra de vivienda y al ahorro para adquirirla, además de ventajas para determinados inquilinos y pequeños propietarios hipotecados.
En los últimos días, el Ministerio ha centrado buena parte de sus contactos en atraer a Junts mediante concesiones fiscales y medidas relacionadas con fondos de inversión. Algunas de las propuestas defendidas por la formación de Carles Puigdemont son exenciones para inquilinos con rentas inferiores a 33.000 euros anuales, deducciones por compra de vivienda habitual o para cuentas de ahorro destinadas a ese fin, y una rebaja del IVA para menores de 35 años que adquieran vivienda habitual.
El acercamiento en materia de desahucios supondría, no obstante, un cambio relevante respecto a posiciones anteriores. Junts votó a principios de año junto a PP y Vox contra la prórroga del escudo antidesahucios vigente desde la pandemia. Por su parte, el PSOE se abstuvo recientemente ante una iniciativa de Sumar que proponía prohibir la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, incluidos los fondos de inversión.
La presión del Sindicato de Inquilinas
El Sindicato de Inquilinas mantiene la presión sobre el Ejecutivo después de la manifestación celebrada el sábado en Madrid y de la acampada iniciada en la Puerta del Sol. El colectivo ha anunciado que no prevé levantar la protesta hasta que se apruebe un paquete que considere ambicioso.
Sus cinco exigencias son medidas estructurales contra los desahucios, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, congelación de las rentas actuales, prórrogas efectivas y renovación automática de los contratos para que pasen a ser indefinidos. Esta última demanda no formaba parte de la negociación inicial y, de acuerdo con el estado de las conversaciones, no cuenta con el respaldo del sector socialista del Gobierno.
La aprobación en el Consejo, solo el primer paso
Incluso si el Consejo de Ministros aprueba el decreto el martes, la negociación no habrá terminado. La norma deberá ser sometida al Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o derogación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los aliados parlamentarios un último esfuerzo para asegurar ese respaldo.
Por ahora, siguen pendientes tanto la redacción definitiva como el alcance de las protecciones frente a los desahucios, la regulación de los contratos y el acuerdo sobre las medidas fiscales. El Gobierno mantiene el calendario para esta semana, pero la viabilidad parlamentaria del paquete dependerá de los apoyos que consiga reunir antes y después de su aprobación en el Consejo de Ministros.